El Ayuntamiento de Martorell (Barcelona) ha generado una intensa polémica al prohibir el llenado de garrafas y botellas en las fuentes públicas de agua, estableciendo multas que oscilan entre 100 y 750 euros para quienes incumplan la normativa. La medida ha sido aprobada por el gobierno municipal, controlado por Junts con una mayoría «absolutísima» de 16 de los 21 concejales, contando con el apoyo del PSC. Esta decisión ha desatado una avalancha de críticas por parte de entidades sociales y partidos de izquierdas, que consideran la prohibición desproporcionada y dirigida contra colectivos vulnerables.
La plataforma vecinal Aliança per a l’accés a l’aigua ha denunciado en un manifiesto que la medida «castiga, estigmatiza y señala a familias que viven en condiciones de vulnerabilidad», recordando que «el agua es una necesidad básica y un derecho humano fundamental». La entidad crítica que desde hace semanas el gobierno municipal mantiene cerradas las fuentes públicas y ha dado «un paso más allá» con esta prohibición, calificándola de «profundamente injusta». El rechazo ha sido secundado por organizaciones como Papers per a tothom, la PAH del Baix Llobregat Nord y la CNT-AIT Martorell, que ya han protagonizado protestas frente al consistorio.
Martorell, considerado un feudo histórico de Convergencia y su sucesor Junts, está gobernado por el alcalde Xavier Fonollosa, quien dispone de mayoría absoluta, pero optó por incorporar al PSC -con dos concejales- a su equipo de gobierno. Los socialistas no se han desmarcado de esta polémica medida, manteniendo su apoyo a la decisión. Fonollosa es conocido por liderar el acercamiento a posturas de extrema derecha en materias como seguridad, inmigración y ocupaciones, siendo pionero en dificultar el acceso al empadronamiento de vecinos, lo que añade contexto a esta controvertida prohibición del agua.